Sanciones por incumplimiento Ley de registro horario de trabajadores.
Sanciones a empresas de desarrollo y usuarias por incumplimiento. ¿Cuánto te puede costar?
El incumplimiento de la obligación de registro horario puede conllevar importantes sanciones económicas, clasificadas como leves, graves o muy graves, con importes que oscilan entre 60 € y 187.515 € según la gravedad del incumplimiento.
Las infracciones graves, como la ausencia de un sistema de registro fiable o la manipulación de los datos de jornada, suelen acarrear multas de entre 625 € y 6.250 € por trabajador afectado, mientras que las muy graves pueden alcanzar hasta 187.515 €.
Más allá del impacto económico, la falta de registro horario puede generar pérdida de confianza interna, deterioro de la reputación corporativa y debilitar la posición de la empresa ante una inspección o conflicto laboral, al carecer de evidencias verificables sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo.
Sanciones reales según la Ley.
Una empresa desarrolladora de software de registro horario puede enfrentarse a varias sanciones legales y económicas si su software no está bien diseñado o incumple los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa española y europea.
Estas sanciones no solo derivan de la legislación laboral, sino también de normas tributarias, antifraude, de ciberseguridad y de protección de datos, que afectan directamente a los fabricantes de software.
Si el software no lo garantiza, el cliente puede ser sancionado, y el desarrollador considerado responsable técnico subsidiario o contractual.
Tipos de sanciones que puede sufrir el desarrollador
a) Sanciones administrativas (económicas)
Multas de 1.000 a 10.000 € por cada trabajador afectado si el software provoca incumplimientos de registro horario (LISOS art. 7.5).
Posible inhabilitación temporal para vender software a empresas o administraciones públicas.
b) Responsabilidad contractual y civil
El cliente (empresa usuaria) puede reclamar:
Daños económicos por sanciones derivadas del mal diseño del software.
Resolución del contrato y reclamación por incumplimiento si el software no cumple los requisitos legales de trazabilidad o integridad.
En casos graves, puede derivarse responsabilidad por negligencia profesional o dolo técnico.
c) Responsabilidad penal (en casos de manipulación intencionada)
Si se demuestra que el software fue diseñado deliberadamente para permitir la alteración o eliminación de registros (por ejemplo, borrar horas extras o manipular fichajes):
Podría aplicarse el art. 390 del Código Penal (falsedad documental) y art. 392 (cooperación necesaria).
Las penas pueden ir desde multas penales hasta inhabilitación profesional o prisión (si hay dolo o fraude continuado).
El nuevo Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada, el registro de jornada y el derecho a la desconexión, aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros en febrero de 2025, introduce un cambio profundo en el régimen sancionador del control horario. A partir de su entrada en vigor, la falta de registro, su manipulación o la ausencia de trazabilidad dejarán de considerarse una infracción global de la empresa para pasar a ser una infracción individual por cada trabajador afectado. Esto significa que la Inspección de Trabajo podrá imponer una multa distinta por cada empleado cuyo registro no cumpla con los requisitos legales.
El nuevo artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), tal como lo modifica el anteproyecto, establece multas que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Además, se refuerzan los requisitos técnicos del sistema, que deberá ser digital, trazable, autenticado, interoperable y accesible en tiempo real tanto para la empresa como para los empleados, la representación legal de los trabajadores y la Inspección de Trabajo.
Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar que el registro horario sea un mecanismo efectivo de control de la jornada, evitando el fraude en las horas extraordinarias y reforzando el derecho al descanso y a la desconexión digital. La medida incrementa significativamente la responsabilidad de las empresas, que deberán asegurarse de contar con sistemas de registro auditables y legalmente conformes, ya que el impacto económico de un incumplimiento puede ser muy elevado incluso en organizaciones de pequeño tamaño.
