En este nuevo escenario normativo, las empresas de desarrollo de software y los empleadores que lo implementan se enfrentan a un doble reto: cumplir estrictamente con las obligaciones legales del registro horario y demostrar que sus sistemas son técnicamente fiables, seguros y conformes con los estándares europeos. Aquí es donde entra en juego la labor de los auditores y asesores expertos, cuya función resulta esencial para garantizar la conformidad legal, técnica y documental de las soluciones tecnológicas que gestionan la jornada laboral.
Como auditores especializados, nuestra misión consiste en realizar un análisis exhaustivo del sistema de registro de jornada desde una doble perspectiva: la jurídico-normativa y la tecnológico-operativa. En la primera, verificamos que el software cumple con el Estatuto de los Trabajadores, la LISOS, el Reglamento eIDAS, la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad. En la segunda, evaluamos más de un centenar de controles técnicos que abarcan la identificación digital de los usuarios, la trazabilidad de las operaciones, la integridad de los datos, el cifrado de las comunicaciones, la interoperabilidad con la Administración y la disponibilidad de los registros durante todo su ciclo de vida. Este proceso culmina con un informe de auditoría que certifica la adecuación del sistema y documenta las evidencias técnicas de cumplimiento.
Nuestra experiencia demuestra que muchas empresas desarrolladoras, especialmente pymes tecnológicas, desconocen que un software de registro horario mal diseñado puede implicar sanciones no solo para el cliente final, sino también para el propio fabricante, si se demuestra que la solución permite manipular registros o carece de garantías de integridad. Por ello, además de auditar, asesoramos activamente a los equipos de desarrollo en la adopción de buenas prácticas: diseño seguro del software, uso de APIs cifradas, gestión de claves criptográficas en HSM, sellado de tiempo cualificado, implementación de logs inmutables y aplicación de metodologías de desarrollo seguro (DevSecOps). También ayudamos a adaptar la documentación técnica y las cláusulas contractuales a las exigencias del marco normativo, reduciendo riesgos legales y fortaleciendo la trazabilidad contractual entre fabricante y cliente.
Otra parte esencial de nuestra labor es la certificación privada. Emitimos un certificado de conformidad que acredita ante terceros —clientes, Inspección de Trabajo, auditores o juzgados— que el sistema cumple los principios de objetividad, fiabilidad y seguridad exigidos por la ley. Este reconocimiento independiente no solo aporta valor comercial al software, sino que también constituye una prueba de diligencia empresarial. En un entorno donde las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros por trabajador y donde la trazabilidad digital es clave en cualquier conflicto laboral, disponer de un sistema certificado por auditores externos ofrece una ventaja competitiva y una cobertura jurídica incuestionable.
En definitiva, el papel del auditor especializado no se limita a evaluar el cumplimiento, sino que acompaña a las empresas en su proceso de transformación digital y adaptación normativa. Ayudamos a los desarrolladores a diseñar soluciones seguras y a las empresas usuarias a implantar sistemas fiables, interoperables y sostenibles. Este trabajo de asesoramiento continuo garantiza que la tecnología no solo cumpla la ley, sino que se convierta en una herramienta de confianza, transparencia y modernización del entorno laboral. Bajo este nuevo marco legal, contar con auditores certificados y expertos en normativa digital no es una opción: es la única forma de operar con seguridad jurídica, anticiparse a las inspecciones y proteger el valor reputacional y económico de la organización.
